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Como familiares y cuidadores de adultos y adolescentes con autismo severo, a menudo sufrimos malentendidos cuando estamos en público con nuestros seres queridos. El verano pasado, en North Miami, la policía intentó dispararle a Arnaldo Ríos, un adulto con autismo, creyendo que portaba un arma. En cambio, dispararon e hirieron a su terapeuta, que estaba sentado a su lado.

Pero la historia no terminó ahí. Tras el tiroteo, Ríos tuvo que permanecer en una unidad psiquiátrica durante más de un mes, donde sufrió varios episodios de violencia. En agosto, fue trasladado a una institución estatal con antecedentes de abuso y negligencia. La escasez de residencias para personas con discapacidad en Florida, sumada a los problemas de conducta no tratados de Ríos, hizo que esta fuera su única opción. El mes pasado, el Departamento de Justicia comenzó a revisar el caso para determinar si el departamento de policía de North Miami violó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Como madre de un hijo adulto con autismo, la historia de Ríos me toca muy de cerca. Mi hijo también ha tenido episodios de conducta graves que han provocado llamadas al 911, tanto de vecinos como del personal de las residencias y otros centros donde ha vivido. Hemos recibido respuestas tanto positivas como negativas por parte de la policía. En el mejor de los casos, los agentes hablaron primero con sus cuidadores, se acercaron a él con calma y le dieron tiempo para que se moviera con tranquilidad. En el peor, le hicieron preguntas repetidas a nuestro hijo, que ya estaba tranquilo y tiene dificultades para comunicarse verbalmente, lo que provocó que se agitara al no entender sus preguntas acusatorias. En una ocasión, los agentes malinterpretaron su intento de salir de la habitación para evitar sus preguntas incomprensibles y lo esposaron, llevándoselo agitado a pesar de que antes estaba tranquilo. En otra ocasión, la policía llegó y quiso usar pistolas eléctricas para obligarlo a salir de la casa antes de intentar que saliera con calma (cosa que finalmente hizo).

Los agentes del orden y los servicios de emergencia deben proteger a toda la población, incluyendo a las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo. Si bien estas personas pueden presentar comportamientos diferentes a los de la población general, especialmente bajo estrés, todas son ciudadanas con el mismo derecho a un trato justo por parte de los servicios de emergencia. Para servir plenamente a la población, nuestros agentes del orden deben estar capacitados para reconocer y responder adecuadamente a las personas con discapacidad cognitiva, dificultades de comunicación y que pueden malinterpretar los intentos de ayuda. Las respuestas deben centrarse en ayudar a estas personas a tranquilizarse de la manera más segura y serena posible. Solo así, los adultos que juegan con camiones de juguete y los jóvenes con habilidades verbales limitadas podrán estar verdaderamente seguros en nuestra comunidad.

Irene Litherland es miembro de la junta directiva de la Sociedad de Autismo del Área de la Bahía de San Francisco. También forma parte del Comité Asesor Local sobre Autodeterminación en East Bay y de la Junta Directiva del Consejo Asesor y de Planificación para Personas con Discapacidades del Desarrollo del Condado de Alameda. Trabaja como contadora y consultora de gestión financiera en el sector sin fines de lucro.